¿Quién se hubiera imaginado que una empresa privada podría silenciar al mismísimo presidente de los Estados Unidos? Hay quien interpreta la decisión de Twitter como un acto de censura hacia Trump, mientras que también puede verse como un acto de responsabilidad de la red social para evitar propagar mensajes que incitan a la violencia. ¿Quién tiene la razón y dónde exactamente se traza la línea?
Entre las opiniones polarizadas, encontramos el gran debate sobre la libertad de expresión y qué poder de decisión tienen las redes sociales sobre el contenido que se publica en ellas.
«Si lo han hecho con el todavía presidente de los Estados Unidos, qué no harán con los demás», explica Borja Adsuara, profesor y abogado en derecho. Ante la pregunta sobre si ha habido censura contra Donald Trump, el experto expresa que «claramente sí». «Si ha cometido un delito, que lo diga un juez. Si no es claramente ilegal, ¿por qué lo borran?», explica Adsuara. «Que un juez impute a Trump con una relación de causa-efecto, todavía está por verse».
«Las redes sociales no son como un periódico, que tiene línea editorial propia», repasa Adsuara. «Si a un medio digital se le cuela un artículo, la responsabilidad va en cascada. La culpa sería del director del periódico. Imagina que eso fuera así en redes sociales. Tecnológica y jurídicamente no tiene sentido». Es la diferencia entre las redes y los medios.
«Si yo mando una carta al director y no me lo publica, no es censura. Porque tiene línea editorial y puede elegir», expone Adsuara. «Cuando empezó la moda de los blogs, lo de Twitter era microblogging. Mi cuenta en Twitter es mi medio. Es igual que la plataforma WordPress o Blogger. Imagina que WordPress fuera responsable de todas las webs que aloja. Salvo blogs claramente ilegales como con pornografía infantil, que entonces sí deben cerrarlos, WordPress no puede etiquetar las entradas de todos los blogs con un aviso sobre su veracidad».
Con el caso de Trump, Adsuara apunta a la gravedad del caso precisamente porque ni siquiera en una situación tan excepcional se ha acudido a un juez: «Ha habido gente a la que le han suspendido la cuenta durante días. No es el primero. Pero si lo han hecho con él, ¿qué podemos esperar el resto de Twitteros? La más absoluta arbitrariedad. No se ha acudido al juez ni con el presidente de los Estados Unidos. A mí, personalmente me parece que habría merecido la pena».
«Somos absolutamente partidarios de la libertad de expresión, pero también entendemos la libertad de empresa. El poder tener cierto control sobre cómo funciona su empresa», explica Ofelia Tejerina, abogada y presidenta de la asociación Internautas.
«Puedo poner un atril en un pueblo y decir a todo el mundo que se puede hablar libremente. Pero si alguien utiliza eso para mentir o crear alarma social, puede llevar a ser constitutivo de delito. Como empresario, no puedo permitir que esa persona cometa ilícitos a través de mi herramienta. ¿Cómo funciona la libertad de expresión? ¿Soy yo quien decide cuándo le quito el micrófono? En mi opinión, es menos arriesgado informar a las autoridades competentes de que alguien está cometiendo delitos. Y no ha sido el caso de Trump», explica Tejerina.
Alexéi Navalni, opositor ruso, denunciaba en Twitter el «acto de censura» basado en «sentimientos y preferencias políticas». Mientras, Kate Ruane, de la asociación estadounidense en defensa de los derechos cívicos, explicaba que «todo el mundo debería preocuparse cuando estas empresas tienen el poder de retirar a personas de sus plataformas que se han convertido en indispensables para la expresión de millones de individuos». Margrethe Vestager, Comisaria de Competencia de la Unión Europea, describía el bloqueo como una «situación extrema».
El bloqueo de Trump lleva a preguntarse sobre si se trata de un caso único o nos alerta de lo que está por llegar. ¿Se ha actuado de la misma forma que con el resto de usuarios? ¿Pueden extrapolarse conclusiones del caso Trump o se trata de un bloqueo excepcional?